El día 26 de junio se celebró el 75 aniversario de la firma del documento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Carta de la ONU. A aquel acto asistió el Lehendakari Jose Antonio Agirre y Lekube.
La acogida de la citada efeméride en los medios de comunicación “vascos” se ha limitado a su simple mención, sin ninguna lectura política del mismo.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en la ciudad estadounidense de San Francisco, reconoce en el artículo 1.2 y en los artículos 55 y 76.b el derecho a la libre determinación de los pueblos y fue un hito político importante de legitimación de la lucha de liberación de los pueblos sojuzgados como el pueblo vasco.
Supuso el establecimiento del marco legal internacional para discernir a los Estados democráticos de los que no lo son, a los Estados sometidos de los imperialistas, a los que se les impide ejercer sus derechos de los que los conculcan, a los pueblos que luchan por su existencia de los Estados genocidas, a los que defienden su nación de los nacional imperialistas.
De ahí la importancia de la efeméride para una nación como la nuestra cuyo Estado (entendido como se definió en la Convención de Montevideo) hoy todavía permanece secuestrado, después de su conquista, ocupación y sometimiento a sangre y fuego por los Estados nacional imperialistas, absolutos y totalitarios español y francés.
“Los derechos humanos (DDHH) recogidos en los Pactos de Derechos Humanos aprobados en la Asamblea General de la ONU de 1966, y en especial el derecho de autodeterminación de los pueblos, primero y fundamento de todos los demás, son originarios, inmediatos, incondicionales, continuados, permanentes, intransmisibles, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles” (publicaciones Iparla).
Sin embargo, los Estados imperialistas firmantes más poderosos del mundo maniobran para mantener el equilibrio de fuerzas actual, y dejar sin efecto este reconocimiento en la práctica política. Han tratado y tratan de confundirnos y engañarnos, entre otros muchos medios, elevando a la condición de “democrático” a cualquier régimen político por el hecho de organizar periódicamente unas elecciones. Son ellos quienes de forma ilegal en todos los casos convocan elecciones en territorio ajeno; Francia y España lo hacen en el nuestro. De esta forma pretenden hacernos olvidar que son los DDHH los que fundan la democracia, y no los sistemas políticos electorales, aun siendo necesarios estos últimos para el funcionamiento de una democracia.
Por tanto, somos conscientes de que no basta el reconocimiento del derecho de autodeterminación por parte de la ONU para la recuperación de nuestro Estado. Esto solo será posible si va acompañado de un sistema de resistencia política organizada, con una estrategia que una al pueblo, que restaure el Gobierno y que libere el territorio.
La asistencia del Lehendakari Agirre al acto fundacional de la ONU me da oportunidad para establecer la absoluta falta de relación entre el actual Gobierno Autónomo regional vasco con el otrora Gobierno Vasco en el exilio.
Debido a las circunstancias generadas por la guerra civil española, el Gobierno Vasco dispuso de un poder político real, con un ejército a sus órdenes, emisión de moneda, control de la economía, relaciones internacionales, y otras facultades que hicieron que fuera reconocido como Gobierno de Estado. Por tanto, era un Gobierno legítimo, asentado en un territorio en guerra, tenido como aliado o como enemigo, y con un Lehendakari elegido y reconocido como tal por la nación vasca; en el exilio mantuvo su condición de Gobierno legítimo.
Tras la muerte de Agirre, se fraguó la debacle de las dejaciones políticas que tuvieron su reflejo en el Acuerdo de Unión de Fuerzas Democráticas, Pacto de Munich, y, de forma definitiva, en la conocida como “transición”, quedando el nombre de “Gobierno Vasco” sin contenido político real.
Desde entonces es un gobierno ficticio que a efectos administrativos mantiene el nombre y unas cuantas competencias que en absoluto son comparables a aquellas del Gobierno del Lehendakari Agirre y que lo deslegitiman como continuación del mismo, de ámbito regional y que forma parte del sistema político totalitario español al que legitima.
La diferencia es tan notoria que si aquel acto de fundación al que asistió el Lehendakari Agirre se produjera hoy, los representantes políticos que acudirían al mismo serían los mandatarios de los gobiernos imperialistas español y francés, que ilegítima e ilegalmente usurpan la representación de nuestro territorio.
La conclusión es obvia: un gobierno subsidiario y sin poder real, no existe en el concierto mundial de las naciones.